donde dije digo, digo diego

Asistimos ayer tarde a una rocambolesca historia entre un menor inmigrante no acompañado, la comunidad de madrid y la fiscalía de menores.
El menor, de origen camerunés llegó a la península en patera. Desde que arribó a las costas granadinas declaró que era menor de edad. La comunidad andaluza no debió darle veracidad a su declaración. Llega a Madrid y la comunidad madrileña acoge llevándole a vivir a un hostal. Le llaman el programa de "vida independiente". Que por cierto, la misma Comunidad de Madrid, lo va a cerrar. Pues aquí decide, el pasado día 3, que este muchacho es mayor de edad. Tiene pasaporte expedido en la embajada camerunés en España donde certifica que es menor de edad.
La comunidad de Madrid, decide hace tiempo, llevar a todos los menores indocumentados (no es el caso del joven camerunés que posee pasaporte) a una clínica privada donde, curiosamente, es el mismo doctor quien siempre determina que los muchachos que le llegan son probablemente mayores. El día 4 de febrero decide "cesar la tutela" en base al informe médico -pruebas oseométricas- donde se asegura que "probablemente este muchacho esté en torno a los diez y ocho años de edad". Efectivamente él dice ( y así lo indica su pasaporte) que tiene 17 años y seis meses. Pues la administración, haciendo caso omiso al pasaporte y a un certificado emitido por el embajador de Camerún en España indicando la veracidad de dicho documento, decide dejarle en la puñetera calle. Además, la comunidad de Madrid, denuncia al menor por "falsificación" de documento público.
El fiscal de menores, por ley responsable de los menores, indefensos y víctimas, hace oídos sordos a la documentación presentada y sigue ciega y "vergonzosamente" lo dictado por la entidad pública. Confirma que el menor es mayor y le confirma su protección: a la puñetera calle.
Al final la presión social nos hace llegar a hablar con el fiscal jefe de Madrid, a las 22h., a quien le planteamos el problema originado con su subordinado y solicitamos el amparo necesario para que este menor siga siendo protegido por quien por ley tiene la competencia y ha dejado de cumplir su función.
Efectivamente, el fiscal jefe ordena poner orden en tamaño despropósito y le manada al fiscal de menores que ordene el ingreso del menor camerunés en una centro de acogida y protección.
Pero ¿cuántos chavales no tienen detrás un grupo de apoyo y solidaridad? ¿porqué es tan habitual que esta persecución se lleve a cabo contra menores subsaharianos? ¿por qué siempre es el mismo médico de la misma clínica privada quienes dictaminan la mayoría de edad de menores subsaharianos? ¿porqué no se utiliza el hospital publico, LA PAZ, donde siempre se hacían dichas pruebas radiológicas? ¿qué seguridad tiene cualquier ciudadano que ve anulada su identidad por el empeño de una administración pública? ¿para qué poseer documento de identidad personal si lo que dictamina nuestra edad es una radiografía? ¿qué responsabilidad exigir a la comunidad de Madrid y a la fiscalía de menores respecto al desamparo que crearon en un menor inmigrante no acompañado? ¿dónde está el cumplimiento de tratados internacionales -suscritos por España- que obligan a dar validez a los pasaportes expedidos mientras la embajada no dictamine que son falsos? ¿cómo va a tratar el asunto el Ministerio de asuntos exteriores cuando se entere que la administración publica española ha llamado mentiroso al embajador de camerun en España al no hacer caso al certificado expedido por este respecto de la documentación de un ciudadano de su país?...
En fin montones de preguntas que se me agolpan en los dedos al teclear y que confirman que cada vez los derechos de los ciudadanos son más emponzoñados por las administraciones públicas y algunos de sus layacos funcionarios.